El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea incluye a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
La Unión considera que estos Estados son «jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal«, mérito que utilizan para justificar la inclusión de terceros países en este tipo de listas.
La lista verá la luz poco tiempo después de haber estallado el último escándalo por evasión fiscal denominado Paradise Paper’s. Adicionalmente existen 47 jurisdicciones incluidas en la llamada zona gris.
Si bien dentro de la UE existen Estados que podrían incluirse en esta lista, no sucede lo mismo con ellos puesto que al formar parte de dicho consejo opusieron férrea resistencia respecto a los criterios tomados para redactar el documento. En el mismo orden de ideas se tuvo una consideración especial con los países caribeños que este año sufrieron los embates de la temporada de huracanes del atlántico.
En una nota de prensa publicada en la página de la Unión dice:
Este ejercicio sin precedentes aumentará los niveles de buena gobernanza fiscal globalmente y ayudará aprevenir los abusos fiscales a gran escala como quedo expuesto en escándalos recientes del tipo Paradise Paper’s.
Sanciones
Más allá de la inefectiva vergüenza que pueda producir el estar incluidos en esta lista, los estados miembros están considerando la posibilidad de aplicar algunas sanciones a las naciones no colaboradoras, como el bloqueo de financiación por parte de la Unión Europea o el Banco Mundial, recordemos que estos países son receptores de ayuda internacional, adicionalmente se aumentarían los controles para quienes operan allí.
[alert]Países incluidos en la nueva lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, adicionalmente con un cuadro comparativo de su vinculación con los escándalos más sonados.[/alert]
Esta lista no es estática, se seguirá desarrollando durante 2018:
- Como primer paso se le enviara a todas las jurisdicciones listadas una carta que explica la decisión de ponerlos en la lista y les explicará que requisitos deben cumplir para salir de ella.
- La comisión y los estados miembros seguirán monitoreando todas las jurisdicciones de cerca, para asegurarse de que los requisitos fueron cumplidos y para determinar si existe alguna otra jurisdicción que deba ser añadida a la lista en un futuro. Una primer informe de progreso será publicado a mediados del 2018. La UE actualizara la lista al menos una vez al año.
Ya el 28 de enero de 2016 la Comisión Europea había emitido un comunicado (Estrategia exterior para una imposición efectiva 28/01/2016) en el que manifestaba entre otras cosas:
«Algunas empresas aprovechan las lagunas jurídicas y las discordancias entre las medidas defensivas de los Estados miembros para trasladar sus beneficios fuera del mercado único, libres de todo gravamen. Además, las empresas se enfrentan a la inseguridad jurídica y las cargas administrativas innecesarias que acarrea la existencia de veintiocho políticas nacionales diferentes de evaluación y tratamiento de los sistemas tributarios de terceros países. La diversidad de soluciones de los Estados miembros emite a los interlocutores internacionales mensajes contradictorios sobre las expectativas de buena gobernanza fiscal de la UE y genera dudas sobre las circunstancias que activan los mecanismos de defensa. Es por lo tanto esencial que la UE adopte una estrategia exterior coordinada de buena gobernanza fiscal para potenciar el triunfo colectivo de los Estados miembros en la lucha contra la elusión fiscal, asegure la eficacia fiscal y cree un entorno claro y estable para las empresas en el mercado único.»
Criterios de buena gobernanza fiscal
En 2012, la Comisión publicó una Recomendación al Parlamento y al Consejo relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal . En ella se recomendaba a los Estados miembros que empleasen los tres criterios de transparencia, intercambio de información y competencia leal en materia fiscal al evaluar los regímenes tributarios de terceros países y que, en caso necesario, aplicasen «contramedidas» comunes. Esa Recomendación fue refrendada por los Ministros de Hacienda de la UE en el Consejo ECOFIN de mayo de 2013 y sometida a un extenso debate entre los expertos de los Estados miembros y los miembros de la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal.
| Transparencia Fiscal | En la UE, los Estados miembros aplican la norma de intercambio automático de información sobre cuentas financieras a efectos fiscales desde 2017. Además, la UE ha celebrado acuerdos de intercambio automático de información con Suiza, Liechtenstein y San Marino, y está ultimando acuerdos similares con Andorra y Mónaco. Estos países hicieron un especial esfuerzo para finalizar las negociaciones y firmar ambiciosos acuerdos de transparencia en plazos muy breves. En consecuencia, los criterios de la UE para todos los terceros países en materia de transparencia e intercambio de información deben recoger, como mínimo, la nueva norma mundial de intercambio automático de información. |
| Intercambio de Información | Se han establecido requisitos de publicación de información por países para el sector bancario y financiero, en virtud de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV), y para las industrias extractivas y de explotación forestal, con arreglo a la Directiva sobre contabilidad. |
| Competencia Leal | La Comisión recomendó a los Estados miembros que evaluasen los sistemas tributarios de terceros países con arreglo al Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, instrumento de que dispone la propia UE para enfrentarse a los regímenes fiscales perniciosos. |
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) está compuesto por los ministros de economía y finanzas de los 28 miembros del Consilium de la Unión, está encargado del presupuesto del grupo europeo y, los temas económicos, así como las relaciones económicas con terceros países.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 para fijar normas y promover la aplicación efectiva de medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas afines para el sistema financiero internacional.
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