Ante la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 514 tanto individuos como miembros de las organizaciones de la sociedad civil han elevado un llamado al presidente solicitándole que no sancione dicha Ley.

Este giro inesperado se aúna con las ya bastantes dificultades que enfrentamos los impulsores de la Ley. Y es que, si bien la solicitud de veto presidencial no se da a razón de oponerse a la imprescriptibilidad -objetivo original del proyecto- sino a los Artículos 3 y 4 de dicha Ley que fueron adicionados por la bancada del Partido Revolucionario Democrático y que modifican la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 22 de 2006) en sus Artículos 19 y 33 sobre la incapacidad para contratar y el pliego de cargos, determinando que:

Ley __ de 2018[1]

Artículo 3. El artículo 19 de la Ley 22 de 2006 queda así:

Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al Derecho Común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras siempre que no se encuentren comprendidas dentro alguna de las situaciones siguientes:

  1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado.
  2. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista de un procedimiento excepcional de contratación o de un procedimiento especial de contratación.
  3. Haber sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva, o haber realizado acuerdos de pena o de colaboración eficaz, por la comisión de delitos contra la Administración Pública; blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico; terrorismo y financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva.
  4. Haber sido declaradas en estado de liquidación.
  5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar la información requerida de acuerdo con esta Ley.
  6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.
  7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley, mientras dure la inhabilitación.
  8. En el caso de las personas naturales haber sido condenadas por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos Contra la Administración Pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico; terrorismo y financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico, y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de un año o más por un tribunal panameño. Para acreditar esta condición, la persona deberá presentar una declaración jurada, ya sea notariada, autenticada o apostillada, que demuestre que no ha sido sancionada por tales conductas punibles. En el caso de las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, es decir, aquellos que posean el 51% o más de las acciones de la sociedad, directores, dignatarios y representante legal hayan sido condenados por sentencia judicial efectiva por los delitos anteriormente descritos, siempre que el delito este vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas.

Artículo 4. Se adiciona el numeral 13 al artículo 33 de la Ley 22 de 2006, así:

Artículo 33. Estructuración del pliego de cargos. La entidad licitante de que se trate elaborará, previo a la celebración del procedimiento de selección de contratista, del procedimiento excepcional de contratación o del procedimiento especial de contratación, el correspondiente pliego de cargos o términos de referencia, que contendrá:

  1. La declaración jurada, ya sea notariada, autenticada o apostillada, que acredite no haber sido condenada en Panamá o en el extranjero, por sentencia judicial definitiva, o no haber realizado acuerdos de pena o de colaboración eficaz, por la comisión de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico; terrorismo y financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva.

 

Posibles escenarios; Control previo o Control Posterior

Control Posterior.

El presidente sanciona la Ley, en este escenario el artículo de la Ley que trata sobre la imprescriptibilidad podría ser demandado por inconstitucional a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, pero la incapacidad para contratar con entidades estatales podría subsistir. Es muy poco probable que la Corte Suprema declare inconstitucional las modificaciones realizadas a los artículos 19 y 33 de la ley de Contrataciones Públicas, toda vez que las mismas no alteran lo preceptuado por la norma del Código Procesal Penal (aunque si desvirtúan sus objetivos), por lo que no podemos hablar de violación de derechos fundamentales.

C.P. Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

  1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.

Cuando en un proceso el funcionario público encargado de administrar justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia.

C.J. Artículo 2554. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá privativamente conocer y decidir de manera definitiva y en una sola instancia:

  1. De la inexequibilidad de los proyectos de ley que el Ejecutivo haya objetado como inconstitucionales por razones de fondo o de forma;
  2. De las consultas que de oficio o por advertencia de parte interesada, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, eleve ante ella cualquier autoridad o funcionario que, al impartir justicia en un caso concreto, estime que la disposición o disposiciones aplicables pueden ser inconstitucionales por razones de fondo o de forma; y
  3. De la inconstitucionalidad de todas las leyes, decretos de gabinete, decretos-leyes, reglamentos, estatutos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad impugnados por razones de fondo o de forma.

El control posterior de la constitucionalidad en la República de Panamá esta preceptuado en el artículo 206, numeral 1 de la Constitución Política. Se ejerce por medio de:

La Consulta de Inconstitucionalidad: Es la consulta que hace el encargado de administrar justicia sobre la constitucionalidad de una norma a la Corte.

C.J. Artículo 2557. Cuando un servidor público al impartir justicia advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, elevará consulta a la Corte Suprema de Justicia y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

La Advertencia de Inconstitucionalidad: Es la Advertencia que hace una de las partes dentro de un proceso sobre la inconstitucionalidad de una norma a la Corte.

C.J. Artículo 2558. Cuando alguna de las partes en un proceso, advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien, en el término de dos días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos del artículo anterior.

La Acción de inconstitucionalidad: La acción que interpone un particular contra cualquier género normativo que considere inconstitucional para solicitar a la Corte decidir sobre el mismo.

C.J. Artículo 2559. Cualquier persona, por medio de apoderado legal, puede impugnar ante la Corte Suprema de Justicia las leyes, decretos de gabinete, decretos leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad que considere inconstitucionales, y pedir la correspondiente declaración de inconstitucionalidad.

Control Previo

El presidente veta la Ley por inexequible (inconstitucional) o por inconveniente. Si la veta por inexequible -caso de la imprescriptibilidad- y la Asamblea decide no atender este señalamiento e insistir en su adopción, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia decidir su constitucionalidad, solo si la corte lo declara constitucional el ejecutivo estará obligado a sancionarlo. Si el presidente veta la Ley por inconveniente -caso de los acuerdos de colaboración- la misma regresa a segundo debate parar que la Asamblea considere las objeciones formuladas y las corrija si así lo considera necesario, una vez aprobada la Ley el ejecutivo deberá sancionar la Ley.

[1] Tal como fue aprobada en tercer debate.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer